Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben
ser una prioridad en la recuperación tras una crisis.
La educación es un derecho fundamental y a su vez es un derecho habilitante con impacto
directo en la consecución de otros derechos humanos1
.
En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el desarrollo de
COVID-19 se ha basado principalmente en medidas para evitar las interacciones sociales; en este
sentido, se han restringido los movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y
durante los primeros meses de la pandemia se procedió al cierre de todas las actividades no
esenciales y, en algunos países, al cierre de los centros educativos.
Además, la pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y
protección que han obligado a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades
para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la actividad en los centros
educativos se ha adaptado a estas medidas.
Desde la primavera de 2020 se ha producido una reapertura progresiva de los centros
educativos en los países de nuestro entorno. En España se procedió a la reapertura de la
educación presencial en septiembre de 2020, aplicando las medidas adoptadas conjuntamente
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de
Educación sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19
para centros educativos durante el curso 2020-21 del 27-08-2020 y el documento de Medidas
de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud del 17-09-2020.
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